El “caso Viviendas” salpicó a funcionarios y se tomaron una serie de medidas cuya resolución aún es una incógnita. Luego de que “Panorama Tucumano” transmitiera un informe sobre presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), se multiplicaron las denuncias ante organismos nacionales e intervino la Justicia provincial.

Tras las publicaciones periodísticas, la fiscala Adriana Giannoni intervino de oficio y citó a declarar a la senadora Silvia Elías de Pérez, quien había vinculado una empresa constructora a un funcionario del instituto. En el ciclo televisivo de LA GACETA, Lucas Barrionuevo, coordinador de Programas Federales del Ipvdu, había negado conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, dueños de Marán Constructora S.R.L. Esta empresa recibió contrataciones directas de la repartición por casi $ 50 millones. Sin embargo, se comprobó que Barrionuevo es tío político de los hermanos Nieva. Además, la radical denunció a Marán ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y ante la AFIP por la posible comisión de delitos tributarios, aportando datos sobre lo que consideró “operaciones sospechosas” en sus cuentas bancarias.

Barrionuevo se encuentra suspendido mientras se lleva a cabo una investigación administrativa. Se espera que en septiembre haya novedades sobre los resultados del sumario que se abrió por decisión de Durán.

Luego de haber escuchado a la parlamentaria, Giannoni requirió una serie de informes. Fue el propio interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, quien llevó a la Justicia la documentación que se había solicitado a la repartición y aseguró que se encontraba dispuesto a facilitar la investigación. La presentación espontánea del funcionario ante la fiscala ocurrió dos días después de que admitiera que tiene un pariente trabajando para el instituto. “Cometí un error; si lo cometo al error me hago responsable”, admitió. Raúl Eduardo Beverina, cuñado de Durán, es uno de los dueños de la empresa Kursk S.R.L., que está realizando al menos una obra del Ipvdu.

Según Elías de Pérez, Durán habría diseñado un sistema “paralelo” en la entidad que conduce. “En esta estructura paralela hay dos coordinadores. Uno es Lucas Barrionuevo y otro es Jiménez Augier. ¿Qué hace con estos dos? Son los brazos ejecutores; uno maneja el tema de la adjudicación de las obras y otro, la adjudicación de las viviendas”, acusó. La parlamentaria entregó, la semana pasada, los nombres de cinco personas que presuntamente ofrecían la posibilidad de ser adjudicatario de una casa a cambio de un precio en dinero. En el escrito que presentó a Giannoni, menciona a Fernando Alberto Bulaich, Fanny Isabel Cayetano, Carolina Anabella Cejas, Gladys del Valle Salomón y Laura Vega.

Además, la radical explicó cuál habría sido el modus operandi de estas irregularidades en base al testimonio de un “arrepentido”. Se trata de Daniel Castillo, quien en 2014 contó a LA GACETA que había participado en la venta de adjudicaciones. El proceso aparentemente se iniciaba a través de un intermediario, quien era el encargado de ofrecer a “clientes confiables” la posibilidad de que se les adjudique una vivienda, para lo cual debían pagar una determinada suma de dinero.

Otro de los escritos de Elías de Pérez contenía información sobre Jiménez Augier. Brindó los números de expedientes de cuatro causas civiles en las que está involucrado el coordinador, y en las que habría datos sobre su situación patrimonial. Según la senadora, Jiménez Augier tendría más de U$S 500.000 en una caja de seguridad, lo que habría salido a la luz en un proceso de divorcio en el que está involucrado.